Litigio Administrativo

Una resolución, sanción, clausura, inspección, verificación o procedimiento iniciado por una autoridad puede producir efectos relevantes para una empresa, institución o persona. Nuestra defensa parte del análisis del expediente, la autoridad involucrada, el procedimiento, los riesgos y los efectos reales que el acto puede generar sobre la operación, patrimonio, actividades o continuidad del cliente.
Atendemos asuntos en los que una autoridad administrativa inicia, dicta, ejecuta o sostiene actos que pueden afectar de forma relevante al cliente.

Las autoridades pueden imponer cargas económicas, limitar actividades, suspender operaciones, restringir permisos o modificar condiciones esenciales para el cliente. Frente a esos escenarios, la defensa exige revisar el expediente, la competencia de la autoridad, la motivación, el procedimiento, las pruebas y los efectos del acto.
Expediente
Lectura del expediente
Revisamos antecedentes, actuaciones, notificaciones, pruebas y fundamentos para entender cómo se construyó el acto administrativo.
Autoridad
Competencia y procedimiento
Analizamos si la autoridad actuó dentro de sus facultades y si respetó el procedimiento aplicable.
Efectos
Impacto real del acto
Conectamos la resolución con sus efectos reales: operación, patrimonio, permisos, actividades o continuidad.
La defensa en litigio administrativo inicia con el análisis del expediente y de los efectos del acto. A partir de esa lectura se define la ruta procesal, los riesgos, las medidas de protección y los argumentos que deben sostenerse.
Identificamos impacto económico, operativo, patrimonial, regulatorio o reputacional para el cliente.
Determinamos si conviene recurso, juicio administrativo, amparo, suspensión o estrategia combinada.
Los socios participan en la definición estratégica, argumentación y seguimiento del asunto.




